Transparencia policial y legitimidad ciudadana
Las policías en América Latina no están dotadas de una elevada legitimidad social. En esa negativa percepción de la organización policial pesan tanto la prevalencia de la corrupción como la persistencia de violaciones a los derechos humanos.
Evidentemente sería injusto homogeneizar a las policías del continente, en tanto, por ejemplo, Carabineros de Chile goza de una alta aceptación popular, si se compara con policías como la de Venezuela, Perú, México, República Dominicana, Guatemala o Bolivia, que gozan de bajos niveles de confianza (ver más, Tabla 3).
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TABLA 3. NIVELES DE CONFIANZA EN LA POLICÍA Y EN LAS FUERZAS ARMADAS EN AMÉRICA LATINA
Tanto la prevalencia de la corrupción como la persistencia de los abusos de autoridad están directamente relacionadas con una arraigada tradición de falta de transparencia en las instituciones policiales, con profundas raíces históricas y múltiples manifestaciones.
Las historias de las policías latinoamericanas estuvieron atravesadas por dictaduras y conflictos armados que les dieron un matiz militar. Entre otros aspectos, esto implicó heredar el “secreto militar” y la poca transparencia de sus acciones, justificada en la necesidad de confidencialidad para derrotar al enemigo interno. Sin embargo, en contextos democráticos la transparencia de lo público es un imperativo en todas las áreas de la política, incluidas la seguridad y el desempeño de organizaciones como la policía y las fuerzas militares.
En algunos casos, como el colombiano, tal tradición militar amparó a la policía bajo el fuero militar de juzgamiento, lo que sin duda oscurece los mecanismos bajos los cuales debe rendir cuentas por sus acciones cualquier servidor público, como lo son los miembros policiales. En ciertos contextos esto amerita un debate lleno de matices, que no será resuelto en el presente documento pero que debe formar parte del análisis.
A la falta de transparencia derivada de la militarización de la seguridad se suman otros factores de riesgo habitualmente utilizados para explicar la corrupción y la erosión de la legitimidad policial en la región. El más importante de ellos es acaso la extendida presencia del crimen organizado y las cuantiosas sumas económicas y las distorsiones políticas que van aparejadas a ella.
Pero también lo son las condiciones laborales precarias y salarios exiguos en las instituciones policiales y judiciales, la precaria formación ética policial, la propensión a emitir órdenes jerárquicas por fuera de la ley, los reducidos mecanismos de evaluación y rendición de cuentas al interior y desde fuera de las organizaciones policiales, y los burocráticos y obsoletos dispositivos de seguimiento a la satisfacción ciudadana con el servicio policial.
En última cuenta, como se advirtió más arriba, América Latina se ha caracterizado por tener organizaciones policiales con poca trasparencia, con poco control democrático, dotadas de canonjías que se resisten a desaparecer, y con una tendencia a privilegiar la atención de élites políticas y económicas en detrimento de las problemáticas ciudadanas.
La mejora de los niveles de transparencia policial y la recuperación de su legitimidad ciudadana plantean complejos retos de cara al futuro, entre ellos:
• Fortalecer la cultura civilista de la seguridad ciudadana, a través de estrategias mediáticas, de política pública y educativas que logren desmontar la imagen jerárquica y coercitiva de la seguridad basada en un enfoque militar o exclusivamente policial;
• Establecer seguimiento permanente al gasto del sector seguridad, a las políticas públicas que se desarrollen y a los roles y competencias de todas las instancias que hacen parte de la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana;
• Construir rutas de atención especializadas para la atención a la ciudadanía, que contemple el seguimiento riguroso a la satisfacción de los usuarios;
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• Mediante estrategias rigurosas de vigilancia y control, romper con los círculos de favorecimiento (“corrupción gris”) entre elites políticas y económicas y la fuerza pública. Por ejemplo, la creación de figuras como el Ombudsman u otras instancias de vigilancia y control, podrían generar cambios estructurales importantes. Ello, unido con la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar procedimientos policiales de denuncia y monitorear abusos de poder en intervenciones policiales, permitiría avanzar en el fortalecimiento de la legitimidad de la organización;
• Se hace necesario fortalecer la investigación criminal para generar confianza en el sector seguridad en su conjunto. Entre otros aspectos, debe fortalecerse la búsqueda de pruebas científicas para que los hechos no se basen solamente en pruebas testimoniales, lo cual exige formación y recursos especializados;
• Independientemente de cuál sea la arquitectura institucional de la policía –federalizada y municipalizada como en Brasil y México, o centralizada como en Chile y Colombia—, es indispensable generar mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad policial a nivel local.
Por: Kevin Casas, Paola González y Liliana Mesías. La transformación policial para el 2030 en América Latina.
